Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 31 de agosto. En el marco del
cuarto informe de la administración de Pena Nieto, en medio de escándalos de
corrupción y plagios por parte del ejecutivo federal y su familia, a Chiapas y
Oaxaca arriban miles de policías contra l@s maestr@s disidentes, en huelga
desde el pasado 15 de mayo.
La ola de escándalos sobre la corrupción del gobierno va
desde la ilegitimidad de su cargo, llegando a la presidencia por medio del
fraude, hasta la ilegalidad de su título académico, logrado a través del
plagio. Así, este hombre se mantiene en el poder violentando cuanta ley se
ponga en su camino, sostiene que la ley no se negocia.
Y sin embargo, el Estado le apuesta a la violencia, una
estrategia que no es nueva. Ante su carencia de argumentos para imponer su
autodenominada “reforma educativa”, amaga con utilizar la fuerza pública, como
el pasado 19 de junio en Nochixtlán Oaxaca, donde fueron asesinadas más de una
docena de personas y hasta ahora nadie ha sido llevado a juicio. El Estado mexicano
se sabe impune.
A más de tres meses de plantón y de masivas manifestaciones
en la capital chiapaneca, los docentes han resistido ante la embestida física y
mediática del gobierno y grupos empresariales que intentan terminar con su
movimiento. De igual forma l@s docentes han puesto en evidencia, a un gobierno
que en los medios dice negociar y en los hechos amenaza con la fuerza
policíaca.
A 109 días de paro de labores, los docentes se declaran en
alerta ante la llegada de los uniformados federales a Chiapas. Los profesores
saben que cuentan con el apoyo de la sociedad, como sucedió en el mes de mayo
cuando iniciaron su huelga y la población los respaldó saliendo a las calles a
enfrentar a la policía cuando éstos agredieron a l@s educador@s.
Acostumbrados a imponer su voluntad, el ejecutivo federal y
estatal tendrían que repensar su reiterada estrategia del uso de la violencia
para acallar demandas sociales considerando que desde su inicio, el movimiento
magisterial ha permeado a múltiples sectores de la sociedad, y cuenta con el
apoyo de organizaciones sociales, iglesias, estudiantes, sindicatos así como
por comunidades indígenas y campesinas, que han manifestado su firme decisión
de defender a los mentores, ante una posible agresión de las fuerzas del
Estado.
Asimismo, el día de hoy, al poniente de la ciudad se realizó
el desalojo de una manifestación de transportistas con un exagerado uso de la
fuerza policíaca. Lo que llama la atención es que estas manifestaciones no se
acostumbran desalojar, mucho menos con tantos elementos de “seguridad” (incluso
tanquetas). Está demostrada la raquítica capacidad y voluntad gubernamental de
ofrecer soluciones y argumentos congruentes, sólo tiene la fuerza militar ¿A
qué está jugando el gobierno con esta demostración? ¿Al miedo? ¿A la
advertencia?
Con información de pozol.org
